Category: Opinion
El mundo no necesita otra institución más contra el cambio climático
Los fondos de mitigación y adaptación al calentamiento global podrían funcionar canalizados por una sola entidad independiente, que controle la asignación de las inversiones y evalúe el impacto.
La crisis climática es global, tanto si vivimos en un país rico como uno pobre. Sin embargo, la comunidad internacional ha sido incapaz de encontrar soluciones conjuntas para financiar, a la escala necesaria, las inversiones esenciales de mitigación y adaptación al cambio climático en los países más vulnerables y en los que se registra un incremento más rápido de las emisiones de carbono.
La solución habitual para responder a las crisis globales consiste en crear nuevas estructuras, y la climática no ha sido una excepción: los fondos han aumentado más en número que en tamaño. Solo el Banco Mundial cuenta con 12 fondos de intermediación financiera para el clima (FIF), y en la COP27 del año pasado, los gobiernos acordaron crear otro mecanismo en forma de fondo de “pérdidas y daños” para proporcionar ayuda financiera a los países vulnerables afectados por el cambio climático.
La proliferación de pequeños mecanismos de financiación ha generado un sistema fragmentado que en su conjunto aporta menos que la suma de sus partes. En un nuevo estudio, analizamos los tres mayores FIF que ofrecen financiación en condiciones favorables para la mitigación y la adaptación, entre los que se incluye el Fondo Verde del Clima (FVD), los Fondos de Inversión en el Clima (FIC) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). Estos han recaudado más de 50.000 millones de dólares (algo más de 46.000, de euros) y destinan unos 4.000 millones (3.700, de euros) al año en este tipo de financiación y subvenciones, con un coste aproximado de 300 millones (276, de euros) en costes administrativos.
Pero ni los países prestatarios ni los donantes consideran que el sistema funcione. Los primeros se enfrentan a procesos complicados y lentos para acceder a los fondos, que son inconsistentes, difíciles de gestionar y conllevan altos costes de transacción. Los donantes no tienen forma de evaluar la rentabilidad de las medidas de mitigación o adaptación en los distintos FIF, ya que cada uno tiene su propio sistema de asignación de fondos y no existe un sistema estandarizado para la elaboración de informes de impacto.
Además, los datos sugieren que a los países donantes no les preocupa especialmente el rendimiento de los FIF a la hora de decidir dónde asignar sus fondos. Por ejemplo, las contribuciones al Fondo Verde del Clima (FVD) son las que han crecido más rápidamente en los últimos años, a pesar de haber sido el que ha registrado peores resultados según los criterios establecidos en este análisis.
Adicionalmente, también hay importantes ineficiencias de costes asociadas a la existencia de múltiples fondos. Los costes administrativos derivados de los compromisos y del número de proyectos varían mucho en los FIF. Algunas ratios de gastos administrativos acumulados en relación con los compromisos alcanzan el 20%, mientras que otras se sitúan en valores de un solo dígito. Este sistema tan fragmentado ha incurrido en un total acumulado de 2.000 millones de dólares (1.842, de euros) en gastos generales, parte de los cuales se podrían haber destinado a inversiones climáticas reales.
También hemos detectado una falta de coherencia estratégica en torno a la asignación de los fondos entre países, especialmente en la financiación de la adaptación al clima. Si se comparan los diez principales países receptores de financiación en condiciones favorables para la adaptación, con los diez países más vulnerables al clima del mundo, las listas no se solapan. Sin embargo, en cuanto a la mitigación, la financiación se destina a los países y sectores con mayores emisiones, pero los mayores emisores no reciben los mayores volúmenes de financiación. Esto contrasta con los llamamientos de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, entre otros, para mejorar las condiciones de inversión relacionada con el clima, incluidas las de los países de renta media, que tienen externalidades positivas para el mundo.
Es el momento de consolidar el sistema para lograr una mayor eficiencia e impacto. Los fondos con mandatos complementarios deberían fusionarse en un único fondo de financiación concesional para el clima o unirse bajo un único paraguas. Se conseguiría así que se preste un mejor servicio a los países receptores y a los organismos de ejecución, se refuerce la asignación de fondos, se consoliden los gastos administrativos, se racionalice y simplifique la recaudación de fondos y se combinen y amplíen los proyectos complementarios.
Un fondo combinado de financiación para la lucha contra el cambio climático podría funcionar como una entidad independiente, con un sólido sistema de asignación de fondos y la capacidad de impulsar unos sistemas coherentes de medición y elaboración de informes de impacto por parte de los responsables de su implementación. Este fondo podría asociarse con los bancos multilaterales de desarrollo y otros agentes ejecutores para seleccionar los mejores proyectos y estrategias nacionales, y acelerar tanto el desarrollo de los mismos como el desembolso de la financiación.
También debería considerarse otra forma de consolidación: asignar esta financiación en condiciones favorables a nivel país o cartera, en lugar del complejo planteamiento de ir transacción por transacción. Podrían establecerse criterios de asignación coherentes y bien especificados que recompensen a los países que tengan estrategias nacionales sólidas para integrar los objetivos y acciones climáticas y de desarrollo. Teniendo en cuenta la urgencia y la magnitud del déficit de financiación para el clima, no es de extrañar que haya una creciente crispación ante los anuncios de ligeros aumentos de los fondos existentes o de la creación de unos nuevos y pequeños. No hay duda de la necesidad de un mayor volumen de financiación en condiciones favorables, pero los gobiernos deben centrarse en la misma medida en lograr una asignación de fondos más eficiente y catalizadora, y en una mejor medición del impacto.
Bitesize Business Breakfast: More companies in RAK’s Economic Zone
RAK Economic Zone saw the number of new companies signing up more than double in Q1. Ramy Jallad joined us to explain what’s driving up the numbers. Plus, as the UAE Minister of State for Finance Mohamed Al Hussaini heads to Washington for the IMF Spring Meeting, we ask Masood Ahmed about the UAE’s role in the meeting. And, we discuss more flights between UAE and Canada with John Gradek of McGill University.
The World Bank’s Future Rests on Its Next Leader
Masood Ahmed’ Guest commentary on Barron’s
The Biden administration recently nominated Ajay Banga, the former head of Mastercard, to succeed the embattled David Malpass as president of the World Bank. Elections to the presidency of the World Bank are in reality a one-horse race for the jockey selected by the U.S., the Bank’s largest shareholder. It is nearly certain that Banga will step into the winner’s circle in a few weeks. His nomination has been generally welcomed as he meets with leaders and stakeholders around the world in his campaign. Not because he is a development or climate expert, but because he comes with a track record of successfully managing change in large organizations and has a deep understanding of private capital markets. Both will be needed in his new role.
How to Finance Green Infrastructure
This publication was originally published in Project Syndicate
Mobilizing excess savings in advanced economies for much-needed investment in green infrastructure in emerging-market and developing economies will not be easy. But it is possible, if both the public and private sectors do their parts.
WASHINGTON, DC – To spur development and fight climate change, emerging-market and developing economies (EMDEs) will need huge amounts of investment in green infrastructure over the next few decades. But many of these countries have limited fiscal space, especially after the shocks of the last few years. Given this, to meet the EMDEs’ infrastructure needs, we must mobilize excess private savings in the advanced economies. The question is how.
The first step toward building a bridge between private savings and infrastructure investment in EMDEs is to understand investors’ needs. Institutional investors, like all other types of debt and equity investors, have their own incentives, constraints, and objectives, all of which inform their allocations of funds, including which types of projects (greenfield vs. brownfield) to support, where, and at what stage of the project cycle (development, construction, or operation). Inadequate risk coverage, lack of data, and the heterogeneity of project structures, regulatory environments, and contractual standards can all act as barriers to investment.
The challenge is to define “attractive investment opportunities” and match investors to them in a more systematic way. Central to this effort should be the provision of a wide range of well-structured investment products tailored for different types of institutional investors and their respective risk/return profiles. For example, institutional investors (such as pension funds) might be inclined to participate at a project’s earlier stages (prior to operation) if refinancing risks are covered and construction risk is addressed.
Currency risk poses another challenge for investors in EMDEs. Here, export credit agencies may be able to help, though often at high cost.
A dearth of appropriate financial instruments – and the costs and complexity of the instruments that are available – is yet another potential barrier to infrastructure investment in the EMDEs. Fixed-income instruments – including bonds (project, municipal, sub-sovereign, and green bonds, as well as sukuk), and loans (direct and co-investment lending to infrastructure projects and syndicated project loans) – can help solve this problem, as they could appeal to a broad range of institutional investors in the EMDEs.
Multilateral finance institutions have an important role to play in drawing private capital toward long-term projects that could spur development in countries and sectors that capital markets perceive as high-risk. By providing funding, guarantees, or both, such institutions can de-risk projects and crowd in private investment. They can also bring partners into specific deals through syndications.
For its part, the private sector has a number of instruments at its disposal with which to manage risk. For example, companies can use risk-transfer and credit-enhancement instruments, which are currently being piloted by national and multilateral development banks. These include guarantees, insurance policies, and hedging mechanisms under which, for a fee, a provider agrees to compensate the concessionaire (or its lenders) in case of default or loss arising from some specified circumstance.
Political-risk insurance is particularly important here. Some sectors – such as telecommunications or electricity – are more prone to regulatory volatility or the effects of political pressure (including on prices). This implies the need for greater scrutiny from infrastructure investors and customized risk-mitigation mechanisms.
A project’s financial structure is key. Experience shows that a diverse mix of funders for a project – including domestic, international, and multilateral banks and owners – can deter political intervention and act as a buffer against shocks. And just as strategic alliances with foreign entities provide local actors with a hedge against political intervention, partnerships with local companies can help an infrastructure operator transcend the “foreign investor” label.
In transforming today’s savings-liquidity glut into much-needed investment in green EMDE infrastructure, the public and private sectors both have important roles to play. Policymakers must increase the transparency of legal frameworks and achieve political and regulatory stability, recognizing that the public sector will ultimately bear the high transaction costs incurred by private investors when they channel financial resources to EMDEs.
Institutional investors and other financial intermediaries, as well as non-banking financial institutions, often highlight the lack of a pipeline of investment-ready projects. To improve their options, the public sector should take more responsibility for project design in situations characterized by significant complexity and regulatory risk, especially when risks are harder to identify and measure in advance. The costs of this process can largely be recouped when public-private partnerships (such as concessions) are established. Public-sector planning and priority-setting is essential.
But private investors must also embrace a more active role, including by taking advantage of the risk-management tools at their disposal. Sophisticated, developed financial markets and instruments would help, by enabling financial agents to take on risks that are in line with their appetites and capacities.
It will not be easy. But with these building blocks, we can construct the most important infrastructure of all: the bridge connecting advanced-country savings and EMDEs’ financing needs.